Voy a contar algo que me ha perseguido durante años.
No es un caso específico. Es un patrón. Un patrón que he visto repetirse cientos de veces en 17 años de carrera y que, cada vez que lo veo, me deja la misma sensación de que algo está profundamente mal en cómo funciona el acceso a la justicia en este país.
El patrón es este: la evidencia digital existe. Está ahí. En un celular. En una sábana de llamadas. En un registro de geolocalización. En un correo electrónico. En un servidor. En la nube. La evidencia que puede probar la inocencia de alguien, que puede demostrar un fraude, que puede ubicar a una persona desaparecida, que puede documentar un abuso — esa evidencia existe. Y nadie la pide.
Nadie la pide porque nadie sabe que existe. O porque el abogado de oficio no sabe qué es un peritaje informático. O porque la familia no tiene para pagarlo. O porque el defensor público tiene 200 casos encima y no tiene tiempo de investigar opciones técnicas. O porque en el pueblo donde ocurrió el delito no hay un solo perito informático en 500 kilómetros a la redonda. O porque la fiscalía tiene un celular asegurado pero no tiene las herramientas para analizarlo. O porque el juez no sabe que puede solicitar una prueba pericial de oficio en ciertos supuestos.
La evidencia existe. La tecnología para analizarla existe. El conocimiento para interpretarla existe. Lo que no existe es el acceso.
Y esa falta de acceso no es un problema técnico. Es un problema de justicia.
He formado a más de 1,300 peritos en 10 países. He escrito seis libros sobre informática forense. He creado herramientas forenses que se usan en laboratorios de América Latina. He dedicado mi carrera entera a este campo. Y lo que he aprendido — lo que me ha enseñado no la teoría sino la práctica, no la academia sino el laboratorio, no los libros sino las personas que llegan pidiendo ayuda — es que el peritaje informático no debería ser un servicio de élite. Debería ser un derecho.
Este artículo no es un artículo técnico. No es un tutorial. No es una guía procesal. Es algo que necesito decir. Algo que he querido decir durante años y que hoy voy a decir con toda la claridad que puedo: la evidencia digital exige acceso universal al peritaje informático. No como favor. No como caridad. Como derecho. Como pieza fundamental de un sistema de justicia que funcione para todos, no solo para quien puede pagarlo.
Ciudadano de a pie que nunca ha pensado en el peritaje informático: lo que va a leer aquí va a cambiar cómo entiende el sistema de justicia. Porque el sistema no falla solo por corrupción o por lentitud. Falla porque hay herramientas que podrían cambiar el resultado de un caso y que la mayoría de las personas nunca saben que existen.
Activista de derechos humanos: la tecnología forense no es un tema de ingenieros. Es un tema de derechos humanos. Y después de leer esto, va a entender por qué.
Madre buscadora que no ha dejado de buscar: si estás leyendo esto, probablemente alguien que amas no está. Y probablemente hay información en un celular, en una sábana de llamadas, en un registro de antena, que podría ayudar a encontrarlo. Lo que voy a explicar aquí es por qué esa información existe y por qué el sistema no te la está dando.
Legislador que tiene la capacidad de cambiar las reglas: lo que sigue es un argumento. Un argumento fundamentado en 17 años de práctica forense, en más de 1,300 peritos formados, en cientos de casos donde la evidencia digital era la diferencia entre justicia e injusticia. Léalo completo. Porque lo que le pido al final requiere que entienda todo lo que viene antes.
La evidencia digital existe. La pregunta es quién tiene acceso.
En 2026, cada persona en México genera evidencia digital constantemente. Cada llamada queda registrada en las antenas de telecomunicaciones. Cada mensaje de WhatsApp se almacena en una base de datos del dispositivo. Cada búsqueda en Google queda en el historial. Cada foto tiene metadatos con fecha, hora y, en muchos casos, coordenadas GPS. Cada transacción bancaria deja un registro electrónico. Cada vez que un celular se conecta a una antena, queda documentado dónde estaba en ese momento.
Esa información es un mapa. Un mapa de movimientos, comunicaciones, relaciones, transacciones, ubicaciones. Un mapa que puede reconstruir lo que pasó, cuándo pasó, dónde pasó y, en muchos casos, quién lo hizo.
En un caso penal, ese mapa puede ser la diferencia entre una condena injusta y una absolución. En un caso de desaparición, puede ser la diferencia entre encontrar a alguien y no encontrarlo. En un caso de fraude, puede ser la diferencia entre recuperar el patrimonio perdido y asumirlo como pérdida. En un caso de violencia de género, puede ser la diferencia entre una orden de protección fundamentada y una denuncia archivada.
La evidencia existe. La tecnología para analizarla existe. Lo que no existe es la igualdad en el acceso.
Hoy, en México, la persona que tiene acceso al peritaje informático forense es la persona que puede pagarlo. La empresa con recursos contrata un perito privado. El corporativo con presupuesto legal tiene un equipo forense a su disposición. El empresario que perdió millones en un fraude bancario contrata a Duriva y gana el juicio.
La persona que no tiene recursos no contrata a nadie. Su abogado de oficio no ofrece prueba pericial informática porque no sabe que existe o porque no tiene forma de pagarla. Su celular asegurado se queda en la bodega de evidencias sin analizar. La sábana de llamadas que podría probar su coartada no se solicita. La evidencia digital que podría cambiar su caso no se toca.
Reitero: la evidencia existe para ambos. La diferencia no está en la evidencia. Está en el acceso.
El peritaje como lujo: la percepción que debemos romper
Hay una percepción — no declarada pero operativa — de que el peritaje informático forense es un servicio premium. Un servicio para corporativos, para empresas grandes, para litigios millonarios. Un servicio que cuesta dinero, que requiere laboratorio, que involucra herramientas sofisticadas y peritos con formación especializada.
Esa percepción no es completamente incorrecta en cuanto a la descripción. El peritaje informático requiere formación, requiere herramientas, requiere laboratorio, requiere inversión de tiempo y conocimiento. Es un trabajo especializado. Tiene un costo.
Pero esa percepción es completamente incorrecta en cuanto a la conclusión. La conclusión que la gente saca — que el peritaje es un lujo — confunde el costo con la naturaleza del servicio. El peritaje no es un lujo. Es una necesidad. Es un componente esencial de la justicia en un mundo donde la evidencia es digital.
Cuando digo que un joven de 22 años está en la cárcel porque su abogado de oficio no solicitó el peritaje al celular que tenía la coartada, no estoy hablando de un servicio de lujo que no se contrató. Estoy hablando de un derecho a la defensa que no se ejerció porque el instrumento técnico para ejercerlo no estaba disponible.
Cuando digo que una madre buscadora tiene en sus manos la sábana de llamadas de su hijo y nadie en su estado puede interpretarla, no estoy hablando de un servicio premium que está fuera de su presupuesto. Estoy hablando de información que podría ayudar a encontrar a alguien y que se queda muda porque no hay quien la lea.
Cuando digo que una mujer víctima de violencia digital tiene las capturas de pantalla de las amenazas pero no tiene forma de certificarlas para que tengan valor probatorio en su denuncia, no estoy hablando de un capricho tecnológico. Estoy hablando del derecho de acceso a la justicia condicionado por la capacidad económica.
La justicia no puede depender de si tienes dinero para pagar un perito. Así como la salud no debería depender de si tienes dinero para pagar un médico. Así como la defensa jurídica no debería depender de si tienes dinero para pagar un abogado — por eso existen los defensores públicos.
Pero no existen los «peritos públicos» en informática forense. No de manera funcional. No de manera accesible. No de manera que cubra la demanda real.
Solo hay 14 peritos informáticos en las listas oficiales de toda la República. Catorce. Para 130 millones de personas. Para un sistema de justicia que procesa miles de casos con componente digital cada año.
Ese número no es una estadística. Es un veredicto sobre las prioridades del sistema.
Grupos vulnerables: donde la desigualdad es más brutal
La desigualdad en el acceso al peritaje informático no afecta a todos por igual. Afecta desproporcionadamente a quienes ya son vulnerables.
Personas en prisión preventiva sin acceso a defensa técnica. El imputado que está en prisión preventiva esperando su juicio tiene derecho a una defensa adecuada. Pero «defensa adecuada» en el sistema acusatorio requiere, cada vez con más frecuencia, prueba pericial informática. El celular que puede probar dónde estaba al momento de los hechos. La sábana de llamadas que puede demostrar que no tuvo contacto con la víctima. Los registros de geolocalización que contradicen la declaración del testigo de cargo. Esa evidencia digital es parte de la defensa adecuada. Y si el defensor público no puede acceder a un perito que la analice, la defensa no es adecuada. Es incompleta. Es desigual. Y la desigualdad en la defensa es injusticia.
Familias de personas desaparecidas. Las familias buscadoras hacen un trabajo que el Estado debería hacer y no hace. Buscan con sus propios medios. Investigan con sus propios recursos. Rastrean con herramientas improvisadas. Y muchas veces tienen información digital que podría ser clave — el último celular activo de su familiar, la sábana de llamadas de los días previos, los registros de antenas que muestran la última ubicación conocida — pero no tienen acceso a un perito que analice esa información.
He visto sábanas de llamadas de personas desaparecidas que nadie analizó. Páginas y páginas de registros de antenas, de llamadas entrantes y salientes, de datos de conexión, que se quedaron como papeles en un expediente que nadie leyó con los ojos correctos. Porque leer una sábana de llamadas con los ojos de un perito informático forense es diferente de leerla con los ojos de un ministerio público que no tiene formación técnica. El perito ve patrones. Ve anomalías. Ve la antena que registró la última conexión del teléfono. Ve el cambio de SIM que indica que alguien más usó el dispositivo. Ve el silencio abrupto que marca el momento donde el celular se apagó — o fue apagado.
Esa lectura puede dar pistas. Puede orientar la búsqueda. Puede conectar puntos que sin formación técnica son invisibles. Y esa lectura no está disponible para la mayoría de las familias buscadoras porque el peritaje se percibe como algo ajeno, lejano, inaccesible.
Víctimas de violencia digital sin recursos para certificar evidencia. La Ley Olimpia tipifica la violencia digital. Pero denunciar requiere evidencia. Y la evidencia digital — capturas de pantalla, URLs, cuentas de redes sociales, mensajes amenazantes — necesita certificarse para tener valor probatorio. Una captura de pantalla sin certificación forense es impugnable. Un hash SHA-256 con cadena de custodia documentada no lo es. Pero la certificación requiere perito. Y el perito requiere pago. Y la víctima de violencia digital — que estadísticamente es una mujer joven — frecuentemente no tiene los recursos para pagarlo.
Comunidades indígenas en conflictos de tierra. Esto casi nadie lo menciona en el contexto de informática forense, pero es real. En los conflictos de tierra donde la comunidad enfrenta a una empresa o al gobierno, la evidencia documental y digital puede ser determinante. Contratos digitales, correos electrónicos, registros de propiedad alterados, comunicaciones entre funcionarios y empresarios. Esa evidencia existe en formato digital. Analizarla requiere peritaje. Y las comunidades indígenas, que ya enfrentan barreras de idioma, de distancia, de recursos y de discriminación institucional, enfrentan además la barrera de la tecnología forense como servicio inaccesible.
Lo que debería existir y no existe
Voy a ser directo porque este es un manifiesto, no un artículo informativo, y los manifiestos requieren proposiciones claras.
Debería existir un servicio público de peritaje informático forense. No un servicio limitado a los 14 peritos de las listas oficiales. Un servicio con cobertura real. Con laboratorios equipados en cada estado. Con peritos formados, certificados y suficientes para atender la demanda. Un servicio al que cualquier ciudadano pueda acceder cuando su caso requiere análisis de evidencia digital, independientemente de su capacidad económica.
No es una fantasía. Es una necesidad documentable. El número de casos con componente digital crece cada año. El número de peritos informáticos en el servicio público no crece al mismo ritmo. La brecha se ensancha. Y cada caso que se pierde, que se archiva, que resulta en una sentencia incorrecta porque la evidencia digital no se analizó, es un costo que el sistema paga en injusticia.
Deberían existir mecanismos de acceso gratuito o subsidiado para grupos vulnerables. Así como existen defensores públicos para quienes no pueden pagar abogado, deberían existir peritos públicos en informática forense para quienes no pueden pagar un peritaje privado. No como excepción. Como regla. Como parte de la infraestructura de justicia.
Debería existir formación obligatoria en evidencia digital para defensores públicos. El defensor público que no sabe qué es un peritaje informático, que no sabe que puede solicitar el análisis de un celular asegurado, que no sabe que existe la sábana de llamadas y que puede contener la coartada de su defendido — ese defensor público no puede ofrecer una defensa adecuada en un caso con componente digital. Y cada vez más casos tienen componente digital. La formación no es opcional. Es requisito para cumplir con el mandato constitucional de defensa adecuada.
Deberían existir protocolos obligatorios de análisis de evidencia digital en delitos graves. En homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, trata de personas — el análisis de evidencia digital de los dispositivos involucrados debería ser obligatorio, no discrecional. No puede quedar a criterio del ministerio público si analiza o no el celular del imputado, de la víctima o de los testigos. En delitos graves, la evidencia digital debe analizarse sistemáticamente.
Debería existir un programa de apoyo técnico para familias buscadoras. Las familias que buscan a personas desaparecidas necesitan acceso a peritos que puedan analizar sábanas de llamadas, registros de antenas, dispositivos digitales. Ese acceso debería ser gratuito, profesional y coordinado con las comisiones de búsqueda.
Esto no es caridad. Es justicia.
Quiero ser muy preciso en esto porque la precisión importa.
No estoy pidiendo que el peritaje informático sea gratuito porque «sería bonito.» No estoy pidiendo caridad tecnológica. No estoy pidiendo que los peritos trabajen gratis. Los peritos son profesionales que merecen compensación justa por su trabajo, como cualquier profesional.
Lo que estoy pidiendo es que el Estado financie el acceso al peritaje informático como parte de la infraestructura de justicia. Así como financia los laboratorios de criminalística. Así como financia los servicios médicos forenses. Así como financia las defensorías públicas. Porque el peritaje informático forense ya no es un complemento del sistema de justicia. Es un componente esencial. Y un componente esencial no puede ser accesible solo para quien puede pagarlo.
El argumento de que «no hay presupuesto» no se sostiene cuando se mide contra el costo de la injusticia. Cada persona inocente que pasa años en prisión porque nadie analizó la evidencia digital que probaba su inocencia tiene un costo. No solo humano — que es inconmensurable — sino económico, social, institucional. Cada persona desaparecida cuya familia tiene información digital que nadie analizó tiene un costo. Cada fraude bancario que queda impune porque la víctima no pudo pagar un peritaje tiene un costo. Cada caso de violencia digital que se archiva porque la evidencia no se certificó tiene un costo.
Esos costos son reales. Son medibles. Y son mayores que el costo de financiar una infraestructura pública de peritaje informático forense.
Lo que hemos hecho y lo que queda por hacer
En Duriva, he formado a más de 1,300 peritos en 10 países. No todos esos peritos trabajan en el sector privado. Muchos están en fiscalías, en defensorías, en universidades, en organizaciones civiles. Cada perito formado es un punto de acceso más a la tecnología forense. Cada punto de acceso es una posibilidad más de justicia.
He escrito seis libros con ISBN sobre informática forense. No están detrás de un paywall académico. Están disponibles. Porque el conocimiento que puede cambiar el acceso a la justicia no debería estar encerrado en una estantería de universidad.
He creado herramientas forenses — Tequila SO, Agave toolkit — con la convicción de que la tecnología forense debe estar disponible para quien la necesite, no solo para quien pueda comprar la licencia más cara del mercado.
Pero todo eso es insuficiente. Es insuficiente porque el problema no es de herramientas. No es de conocimiento. No es de tecnología. Es de voluntad institucional. Es de política pública. Es de presupuesto asignado a donde debe asignarse. Es de legisladores que entiendan que el acceso a la justicia en el siglo XXI incluye el acceso a la tecnología forense.
Y esa voluntad no nace espontáneamente. Nace cuando la sociedad la exige.
Lo que te pido
Si llegaste hasta aquí, te pido algo.
No te pido que contrates un peritaje. No te pido que llames a Duriva. No te pido que compres un libro ni que tomes un curso.
Te pido que compartas este artículo.
Compártelo con tu representante legislativo. Compártelo con tu diputado local. Compártelo con el senador de tu estado. Compártelo con la comisión de justicia de tu Congreso estatal. Compártelo con quien tenga la capacidad de cambiar las reglas.
Y cuando lo compartas, acompáñalo con una pregunta: ¿por qué el acceso al peritaje informático forense no es parte de la infraestructura pública de justicia en México?
Esa pregunta no tiene una respuesta aceptable. Porque la única respuesta honesta es: porque nadie lo ha exigido con suficiente fuerza. Porque la tecnología forense se percibe como algo ajeno, técnico, lejano. Porque los legisladores no entienden que cada caso sin peritaje es un caso donde la justicia operó incompleta.
Exígelo. Porque el derecho a la justicia no se ejerce solo en el tribunal. Se ejerce también en la exigencia ciudadana de que el sistema tenga las herramientas para funcionar.
Y el peritaje informático forense es una de esas herramientas. La más invisible. La más necesaria. La más desigualmente distribuida.
Llevo 17 años en esto. He visto cómo la evidencia digital salva casos y cómo la falta de acceso a esa evidencia los pierde. He visto a corporativos recuperar millones porque tenían el peritaje correcto, y he visto a familias perder todo porque no tenían acceso a la misma tecnología.
La tecnología forense no debería ser herramienta de élite. Debería ser herramienta de justicia. Para el empresario y para el ciudadano de a pie. Para el corporativo y para la madre buscadora. Para quien puede pagar y para quien no.
Aut viam inveniam aut faciam. Encontraré el camino o lo construiré.
Ese ha sido mi lema durante toda mi carrera. Pero hay caminos que no se construyen desde un laboratorio. Se construyen desde la política pública. Desde la legislación. Desde la voluntad colectiva de una sociedad que decide que la justicia tecnológica no es un privilegio sino un derecho.
Ese camino lo tenemos que construir juntos. Y empieza con una exigencia: que el peritaje informático forense deje de ser un lujo y se convierta en lo que siempre debió ser.
Un derecho.